Este mes el Ministerio de Educación debería presentar el postergado proyecto sobre educación superior. La discusión en torno a esta propuesta ha estado rodeada de total confusión, tanto por las indefiniciones en torno a la gratuidad como por el modelo de universidad que se pretende fomentar. Aunque la ministra del ramo en reciente entrevista con este medio dio a entender que algunos de los aspectos más radicalizados que habían trascendido han tendido a morigerarse -como la exigencia de triestamentalidad, que “sería deseable” para los planteles estatales, pero no se impondría a los privados-, se advierte que uno de los sesgos del proyecto apunta a fortalecer fuertemente la educación estatal.

La ministra plantea que “se termina la educación de mercado y pasa a ser un bien público, un bien social, un derecho con condiciones, porque es un derecho, pero no universal”. Se trata de una definición que si bien busca acotar el alcance de “universalidad”, insiste sin embargo en la estigmatización de la educación privada -o de “mercado”-, sin reconocer que el surgimiento de instituciones privadas -tanto universidades como centros de formación técnica- han reclutado a parte importante de la matrícula, brindando una oportunidad de educación que de otra forma no habría sido posible para cientos de miles de alumnos.

Las ventajas de esta diversidad de proyectos no parecen ser bien aquilatadas, y existe la creencia de que estandarizando el tipo de universidad y propender hacia un “igualitarismo” -lo que sería una exigencia en virtud de un “derecho social”- se pueden lograr bienes “públicos” que de otra manera no sería posible conseguir. Pero al tener una oferta que no busca diferenciarse sino ofrecer una sola manera de entender lo “público” -en este caso asimilado al ámbito estatal- entonces se debilita la noción de autonomía universitaria y la posibilidad de diferenciar entre proyectos según calidad.

En las negociaciones que se han llevado a cabo con parlamentarios oficialistas, se ha dado cuenta que uno de los objetivos que se persigue con la reforma educacional es aumentar la presencia de las universidades estatales, para lo cual se buscaría que en un plazo de 10 años ésta represente del orden del 50% de la matrícula. Esto ha sido naturalmente alentado por rectores de universidades estatales. Uno de ellos ha planteado que si la mayoría de los estudiantes de universidades privadas pudieran elegir, “preferirían mil veces a las públicas”. Tal afirmación no encuentra sustento en la realidad.

De acuerdo con distintos ránkings, entre las diez mejores universidades del país en general figuran tres estatales; el resto se reparte entre universidades privadas “tradicionales” y planteles creados a partir de 1980. Incluso si se atiende a un ránking en función de puntaje promedio de PSU, entre las diez con mayor puntaje de matrícula sólo figuran tres del Estado. Y en el ránking internacional QS, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile lideran a nivel nacional, pero varias de las nuevas privadas obtienen mejor posición que algunas de las estatales “tradicionales”. Es decir, los alumnos ya eligieron, y muchos de los que pudieron optar lo hicieron por planteles que no son del Estado. Por ello sería un error que esta reforma insista en tratar de igualar todo a un solo modelo de universidad.

Fuente: La Tercera