Quizás existió un trabajo técnico laborioso tras el diseño del nuevo sistema de educación superior propuesto por el Gobierno. Quizás se sopesaron los múltiples efectos sobre la oferta y demanda que tendría un eventual desmantelamiento del sistema actual. Quizás durante los dos años de trabajo prelegislativo se evaluaron todas las alertas respecto de las inmensas dificultades de fijar aranceles, las consecuencias de discriminar entre instituciones y los enormes costos de la reforma. Sin embargo, de haber sido así, nada de esto se reflejó en el texto del proyecto de ley conocido ayer.

En materia organizacional, el documento propone un intrincado conjunto de nuevas instituciones del Estado, que no solo fiscalizaría y supervigilaría el cumplimiento de la legislación, sino también aseguraría virtuosamente la calidad, pertinencia, diversidad e inclusión del sistema. En materia de financiamiento, se insiste en la idea de gratuidad, pero matizada con el sinceramiento de que la universalidad probablemente nunca se alcance. En materia de universidades del Estado, se apuesta por un fortalecimiento en pos de su competitividad, pero se plantea un modelo de gobierno que sugiere precisamente lo contrario. Y para las no estatales, el texto deja claro que aquellas complejas, que apuesten por la investigación, tendrán dificultades en competir si aceptan la gratuidad: la burocracia, la fijación de aranceles y el control de matrículas las vestirán con camisas de fuerza. Para ellas la clave serán los fondos basales, pero nada sugiere que corran con ventajas en su captura. Así, no sorprende que el proyecto no deje contento a nadie.

Es cierto lo que planteó la ministra de Educación: “Desmontar un sistema de mercado es muy difícil en un año o dos”. Sin embargo, incluso dejando de lado los cuestionamiento de tal objetivo, es indignante que luego de dos años de trabajo la desorientación sea total.

Sergio Urzúa
Coordinador de Políticas sociales, CLAPES UC
Académico, Universidad de Maryland