Con el objetivo de generar un debate profundo y con altura de mira sobre la situación de los derechos de creación e inversión en desarrollo tecnológico en el país, el viernes 3 de agosto se llevó a cabo el conversatorio “Patentes y Propiedad Intelectual: ¿fomento y desincentivo”, organizado por el Consejo de Universidades Privadas Acreditadas (CUPa) y Chile Científico.
La actividad reunió a representantes de diversas instituciones y posturas políticas en torno al debate, aclarando dudas y opiniones sobre el trabajo y trascendencia del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a raíz del polémico artículo 9° que, tanto en la comunidad científica como en la industria, ha provocado suspicacias.
Al conversatorio, que contó con la participación de más de 60 personas, asistieron como expositores Sergio Escudero, Jefe del Departamento Internacional y de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INAPI; Nina Leo, Consultora de marcas, patentes y diseños con certificación internacional, ICBA, España; Paula Aguilar, Directora de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad Santo Tomás y Giorgio Jackson, Diputado de Revolución Democrática y Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Además, la Directora de Gestión del Conocimiento e Innovación Tecnológica UDD, Nancy Pérez, estuvo a cargo de moderar el panel.
La controversia de inició con la reforma del artículo 9 de la ley que creó el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fondecyt) en 1981, en la que se obliga a restituir el 100% de los fondos estatales invertidos en caso de que la institución o persona logre comercializar en cualquier forma su derecho de propiedad industrial. Punto que dio paso a un debate respecto de los derechos de creación e invención del desarrollo tecnológico en el país.
En este sentido el Jefe del Departamento Internacional y de Políticas Públicas de INAPI, Sergio Escudero, dio un repaso de la reforma legislativa del artículo y a los principales puntos que se incorporaron en la propuesta del Ejecutivo en la Comisión Mixta. “Si se comercializa con el Derecho de Propiedad Intelectual, DPI, se debe reembolsar al Estado el 100% del monto recibido más un 5% del valor de ventas durante la vigencia del DPI. Algo que en ningún momento deberá ser superior al ingreso total”, comentó.
Por su parte, Nina Leo destacó que el proyecto, tal como está, es un verdadero despropósito ya que traba el incentivo de generar conocimiento, “el que se exija la creación de patentes a partir de proyectos Fondecyt es posible pero no debe ser tan acotada. Este fondo es el primer paso de un largo proceso de desarrollo de un producto, el que normalmente utiliza otras fuentes de financiamiento”. Además, enfatizó que para poder desarrollar tecnología e innovación es necesario el poder equivocarse en las primeras fases de producción, como en la consultora de marcas, patentes y diseños, algo que no se considera si el objetivo es la creación de un producto. “No debiésemos pensar en la patente per se sino en cómo se incentiva la transferencia del conocimiento que estamos creando”.
Paula Aguilar, Directora de la Oficina de Transparencia y Licenciamiento de la Universidad Santo Tomás enfatizó en que “el Estado debiese ser un inversionista y no un prestamista en temas de investigación”, y concordó con Leo en la importancia de ver la transferencia de conocimiento como un paquete de actividades y que no sólo se debe pensar en la generación de patentes. Para ello “los centros de investigación deben tener los procesos sistematizados para poder patentar la innovación y tecnología”.
Finalmente, el Diputado Giorgio Jackson, indicó que las investigaciones adquieren valor cuando pasan a ser de dominio público y que el patentamiento no siempre es el mecanismo correcto. “Cuando hablamos de conocimiento no siempre se va a derivar en algo patentable”. Y agregó, “es sumamente necesario que en transferencia tecnológica definamos un nuevo equilibrio. Es un debate que aún está abierto”, finalizó.
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