SEÑOR DIRECTOR

En el mes de enero, el gobierno envió un proyecto de ley al Congreso Nacional (Boletín N° 12385-04), proponiendo favorecer la correcta implementación de la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, ampliando los plazos para la elaboración, consulta, piloteo y difusión de los nuevos criterios y estándares para el proceso de acreditación.

Siete meses después, se mantiene la incertidumbre de no contar con la aprobación de este proyecto, por lo que no existe claridad de los plazos que tendrán las instituciones que componen el sistema terciario de educación para dar respuesta a las nuevas exigencias que ordena dicha Ley. Esta normativa define como fecha límite el 1° de enero de 2020 para cumplir con el diseño e implementación de los nuevos criterios y estándares, y el proyecto de ley en trámite procura extender el plazo al 30 de septiembre del mismo año.

Su estancamiento en el Poder Legislativo es particularmente complejo cuando hay consenso prácticamente unánime de su imperiosa necesidad, tanto en los diferentes sectores políticos como en los actores educativos involucrados en el sistema de educación superior de nuestro país.

De no mediar una pronta aprobación, las instituciones podrían verse severamente dañadas en lo que las autoridades, en el discurso, se han ensimismado en salvaguardar: su calidad.

En esta línea, resulta especialmente importante la prórroga del inicio de vigencia del nuevo modelo de acreditación institucional y de los nuevos criterios y estándares, lo que permitiría contar con etapas de validación y con una fase de socialización que facilite su adopción por parte de las instituciones de Educación Superior, brindando así la necesaria certeza jurídica por parte del ordenamiento a las casas de estudios y su más de millón de estudiantes.

Juan Pablo Guzmán

Presidente de Consejo de Rectores de Vertebral

Marcelo Núñez

Presidente Red IES TP CRUCH

Claudio Ruff

Presidente Corporación de Universidades Privadas