El presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rector de la U. Finis Terrae, Cristian Nazer, sugiere estar atentos a ‘cuando salgan los resultados; ver qué pasa con los alumnos cuando hacen sus postulaciones, por todos los cambios que conlleva (…). Se han generado expectativas, y cuando eso ocurre, está el riesgo de la frustración. Esperaría que no suceda, y que ayudemos a que no ocurra’.

En los últimos dos años, para ingresar a la universidad los jóvenes rindieron un examen transitorio, luego de que en 2019 se aplicara la última PSU, con la promesa de que se crearía una mejor fórmula. Así, entre este lunes y miércoles, 275.085 inscritos darán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), la cual deja de lado las preguntas de contenido y se enfoca en las competencias, según sus creadores.

Ad portas del cambio, «El Mercurio» reunió a ocho expertos —autoridades y exencargados del sistema de admisión— para abordar lo que ocurrirá con la PAES, pero también para delinear los desafíos de la educación superior.

Qué se busca

«El trabajo es de larga data, traspasa varios gobiernos, y lo que hacemos es tomar esta posta y darle un sentido a la prueba, incluso incorporando elementos que facilitan o descomprimen el acceso. Hemos eliminado algunas restricciones de acceso (…); tenemos dos pruebas al año, eso también es importante, hay una nueva escala de puntajes», plantea la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa.

Esta prueba, dice, «favorece una incorporación a una educación superior que tiene que transformarse en un espacio mucho más equitativo y diverso (…). Se trata de un proceso que busca ser más justo, más humano».

Leonor Varas, directora del Demre, entidad que diseñó y está a cargo de la prueba, acota que «los cambios se dieron con mucho diálogo y en tres niveles: técnico, político y social. Hubo mucha conversación con los estudiantes y todo este resultado no son negociaciones, son diálogos de calidad. Y es una virtud muy grande cómo eso se instaló en un momento tan crítico, en un país tan crispado».

Asegura que hoy existe «una mejor prueba, un mejor sistema, de mejor calidad, más justo y pertinente. Más humano y flexible».

Raúl Figueroa, exministro de Educación, añade que se buscó «poner al estudiante en el centro. Son los estudiantes los que determinan los cambios, en términos de que había que hacerse cargo de un sistema que pusiera sus necesidades en el corazón del proceso, bajo dos líneas muy claras: ofrecerles un abanico de oportunidades más amplio e incorporar equidad en un instrumento que generaba ciertas distorsiones».

—¿Hubo alguna presión para que no se hicieran los cambios?

«Más que presión, había una inercia muy fuerte que hacía que, para hacer los cambios, había que tener convicción y aunar voluntades», postula el exsubsecretario de Educación Superior Juan Eduardo Vargas.

La rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, sostiene que la modificación ‘es un proceso de tal importancia que uno puede comprender que haya una visión un poco más conservadora ante los cambios, y por eso lo celebramos (…). Ojalá hubiera muchas otras cosas que se enfrentaran así’.

El presidente de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y rector de la U. Finis Terrae, Cristian Nazer, sugiere estar atentos a «cuando salgan los resultados; ver qué pasa con los alumnos cuando hacen sus postulaciones, por todos los cambios que conlleva (…). Se han generado expectativas, y cuando eso ocurre, está el riesgo de la frustración. Esperaría que no suceda, y que ayudemos a que no ocurra».

—Los jóvenes que darán el examen vienen de años complejos. ¿Se reflejará en los resultados?

Varas anticipa que «no se puede esperar lo que habría sido en un proceso normal» y que habrá que analizar los resultados con cuidado. Con todo, valora que los alumnos «van a estar mejor seleccionados, en el sentido de que tenemos instrumentos más precisos’, sobre todo porque se evaluarán competencias necesarias para la enseñanza terciaria, más que una ‘lista de contenidos».

Elisa Araya, rectora de la UMCE, postula que «como sistema universitario tenemos expectativas, pero debemos tener la suficiente madurez para entender lo que ha estado pasando con nuestros estudiantes, de qué tipo de escolaridad vienen. Más allá de las desigualdades, ha habido cuestiones coyunturales que han agudizado esas desigualdades».

En esa misma línea, Eduardo Silva, rector de la U. Alberto Hurtado y representante de los planteles privados del Consejo de Rectores, comenta que los directores de investigación y los vicerrectores académicos «están haciendo un diagnóstico porque los casos de brecha son bien significativos. Estamos haciendo un diagnóstico para determinar una serie de medidas que permitan recuperar pérdidas muy notables, tanto en la enseñanza como en la propia vida universitaria».

Eso sí, la rectora Devés observa que «estos casos extremos siempre terminan mejorando la educación. En cualquier circunstancia, pandemia o no, brechas o no, una institución lo que tiene que hacer es preocuparse de sus estudiantes, conocerlos y educarlos a partir de eso. Esto que estamos viviendo es un caso extremo, pero que prepara a las instituciones para ser mejores educadoras».

—La salud mental también ha sido un tema de preocupación…

«Es un tema que ha dejado de estar invisibilizado, para convertirse en parte de la agenda intersectorial y en que las propias instituciones de educación superior han ido acordando (medidas)», dice la subsecretaria Figueroa.

Añade que realizaron un primer diagnóstico que evidencia que desde 2019 aumentaron los planteles con «institucionalidad de salud mental, que la han incorporado en sus currículums (…). Hoy es difícil establecer una correlación entre pandemia, salud mental y resultados de prueba. Tendremos que mirar qué sucede cuando se entreguen los resultados el 3 de enero, pero es muy probable que la pandemia tenga afectación no solo en la PAES, sino que en todos los rendimientos de la educación».

—Causó polémica la eliminación de los llamados «puntajes nacionales»…

«Es bien racional y adecuada a los tiempos», responde la subsecretaria. Detalla que al analizar los puntajes nacionales, se «reflejaba una homogeneidad: en su mayoría eran hombres, estudiantes de colegios privados, de la RM, de colegio científico-humanista».

Y agrega que «hay que entender que quienes buscan acceder a la educación superior vienen, y yo como mujer indígena, de distintas trayectorias, de distintos contextos e historias».

Así, según la subsecretaria, «lo que hemos hecho no es eliminar el puntaje nacional, sino que destacar esas trayectorias educativas de estudiantes de pueblos indígenas, representar a personas con discapacidad, que vienen de todo tipo de establecimientos, de todos los territorios y con paridad de género».

Junto con recordar que en la gestión pasada se había avanzado en algo similar, el exministro Figueroa dice que «es importante, desde el punto de vista de la política pública, no desacreditar a aquel que, cualquiera sea su condición, tiene resultados destacables. A veces se generan polémicas, que por dar señales que considero positivas, se puede transmitir una señal equívoca de que ciertas personas que obtienen buenos resultados no merecen ser destacadas también».

Opina la rectora Devés: «Y es que además no tiene consecuencias, es simbólico. Cuando es simbólico, es tan importante destacar ciertas identidades que son importantes para el país (…). Si no mostramos a ese joven, no existe».

El rector Silva postula que se está ante un «problema filosófico, el reconocimiento de lo universal y de lo particular; vale decir, lo exigible para todos y lo que es destacable en casos particulares».

Y ahonda: «Hay una diferencia entre el sistema escolar y el universitario. El escolar es obligatorio, y ojalá que ningún escolar sea expulsado del sistema. Hay que impedir la repitencia, que no haya selección. Pero el sistema de educación superior no es obligatorio (…). Es el lugar del esfuerzo, del mérito, de demostrar competencias, y aquí no caben todos. Caben aquellos que son capaces de tener la destreza y competencia para el título técnico o profesional».

—¿Han anticipado un posible impacto de la situación económica actual en las postulaciones a la educación superior?

«Las postulaciones al Formulario de Ayudas Socioeconómicas, y del que cerramos la primera convocatoria, tuvieron un aumento bien importante en comparación al año pasado, y eso ya nos da una tendencia. Este año hubo una demanda mayor de lo que el presupuesto había establecido para beneficios y becas, y eso da cuenta de que la pandemia dejó a muchas familias en condiciones económicas bien complejas», dice la subsecretaria.

«Los estudiantes de menores recursos en universidades ya estudian y trabajan, eso no va a ser una novedad. Lo que quizás va a suceder es que se va a incrementar el número de estudiantes y el porcentaje de horas que ocupan en trabajar», complementa la rectora de la UMCE. Y agrega que quizás se podría revisar la duración de la gratuidad, «porque justamente se trata de estudiantes que tienen más dificultades económicas para mantenerse en el sistema universitario».

Fueron invitados y se excusaron de participar el ministro de Educación y los rectores de las universidades Católica, de Concepción, Valparaíso y Tarapacá.

Fuente: El Mercurio