El presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), Enrique Paris, confirma que “estamos invitados como representantes del grupo de trabajo de Salud de la Corporación de Universidades Privadas (CUP-Salud) el doctor Artaza y yo”.
Este miércoles se cumple la mitad del plazo de seis meses dispuesto por la Corte Suprema para que la Superintendencia de Salud defina cómo se implementará el fallo que ordena que las isapres apliquen una tabla de factores única para todos sus afiliados, y que en los casos que corresponda se les devuelvan los cobros realizados en exceso.
Si bien el regulador no ha querido dar a conocer los avances de ese trabajo e incluso se ha negado a entregar una cifra de cuánto podría ser ese cobro al sistema privado, distintos actores cercanas al ministerio han comenzado a recibir los primeros esbozos de lo que sería la propuesta de la cartera y que este viernes, a las 10:30 de la mañana, será dada a conocer a un reducido grupo de expertos del mundo académico en una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Algunos invitados a la cita serían el extitular de Salud y actual presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), Enrique Paris; el exsubsecretario de Redes Asistenciales y consultor de la Organización Panamericana de la Salud, Ricardo Fábrega; el exministro de Salud Osvaldo Artaza y el expresidente de la Cámara de Diputados y doctor en Salud Pública, Marco Antonio Núñez.
Paris confirma que «estamos invitados como representantes del grupo de trabajo de Salud de la Corporación de Universidades Privadas (CUP-Salud) el doctor Artaza y yo. Lo que nos informaron es que nos van a presentar al mundo académico el plan o proyecto que está preparando el Gobierno para el tema de la crisis de las isapres«.
Según ha trascendido entre quienes están al tanto de este proceso, el plan tendría tres pilares. El primero, tal como lo resolvió la Corte Suprema, exigirá a las aseguradoras pagar a sus afiliados toda la diferencia de precio que se produce por la aplicación de la nueva tabla de riesgo a contar del 1 de abril de 2020.
Héctor Sánchez, exsuperintendente de Salud, explica que ese monto representa «miles de millones de pesos que las isapres no estarían en condiciones de pagar, independiente del plazo. Pero tendría otra consecuencia, que es que las isapres tendrían que reconocer el pasivo, y al reconocer el pasivo se quedan sin garantías, sin capital y, en la práctica, es la quiebra».
A esa medida se sumaría que la autoridad estaría considerando que las aseguradoras privadas no puedan realizar un ajuste del precio base durante este 2023. Según Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud, tal condición «sigue profundizando la crisis de no reconocer el incremento de los costos. Cómo se explica que el propio Gobierno reconozca un incremento de costo real del sistema que lo obliga incrementar el presupuesto en 12% durante 2023 y no se reconozca ningún incremento al sector privado».
Si bien la autoridad sanitaria aún no ha dado a conocer sus cálculos respecto de cuál sería la dimensión de las devoluciones que deberían realizar las isapres, desde el mundo privado y la academia algunas proyecciones señalan que el monto podría comenzar, en el mejor de los casos, en US$ 600 millones, o ampliarse hasta cerca de US$1.000 millones.
Fuente: El Mercurio
