Representantes del consorcio educacional expusieron argumentos jurídicos y técnicos respecto a la metodología empleada para la definición de los aranceles regulados para las instituciones adscritas a la gratuidad.

El miércoles 29 de marzo representantes de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) presentaron ante la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) sus argumentos jurídicos y técnicos respecto a la metodología empleada para la definición de los aranceles regulados para las instituciones adscritas a la gratuidad, que debieran regir a partir de 2024.

En representación del consorcio educacional que agrupa a 15 universidades privadas del país participaron en la cita Juan Pablo Laporte, vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma; Bruno Krumenaker S., vicerrector Económico de la Universidad Finis Terrae; Aníbal Guerrero, asesor CUP para este tema, y Paulina Hidalgo, directora de Desarrollo de la CUP.

En una sólida presentación los expertos de la CUP presentaron sus aprehensiones sobre la metodología empleada para el cálculo de los aranceles regulados, concluyendo que “se hace evidente que la elección metodológica utilizada en las Bases Técnicas se materializa en el incremento de una diferencia sistemática y desfavorable para los institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades privadas fuera del CRUCh, que al ya estar considerada en la metodología vigente podría constituir una discriminación”.

Es preciso señalar que la Comisión de Expertos de Regulación de Aranceles (CERA) es un órgano colegiado integrado por siete expertos, creado por la Ley 21.091 sobre educación Superior para cumplir en forma independiente las labores asignadas en el marco del proceso de establecimiento de los aranceles regulados de pregrado de las carreras de las instituciones de educación superior partícipes del financiamiento institucional para la gratuidad. La normativa vigente establece que los aranceles regulados para las instituciones adscritas a la gratuidad deben comenzar a regir a partir de 2024.