La equidad fue el centro del análisis del último informe sobre educación de la OCDE, Education at a Glance 2021. El estudio analizó los factores que impactan la participación de las personas en la educación, en sus resultados de aprendizaje y en el mercado laboral. Para Chile, los resultados exponen datos frescos sobre desafíos conocidos. Aun así, se trata de un panorama que ilumina la ruta para el diseño y evaluación de las prioridades educacionales postpandemia, en el nuevo periodo de gobierno que se inicia en nuestro país.
Se observa que el nivel socioeconómico sigue siendo el principal factor de inequidad en el acceso a la educación y los aprendizajes, no sólo en nuestro país, sino en toda la OCDE. En Chile, a nivel escolar, las brechas de resultado asociadas al nivel socioeconómico son mayores, al considerar, por ejemplo, la prueba PISA: los niños del cuartil socioeconómico más bajo tuvieron logros 37% menores que los del cuartil socioeconómico superior. La diferencia promedio en la OCDE es de 29%.
El informe plantea especial preocupación por la Educación Parvularia y Superior, ya que no son niveles obligatorios como Básica y Media y, por tanto, el Estado no asegura la provisión y acceso a niños y jóvenes que lo requieran. La OCDE reconoce aquí un desafío para la mayoría de los países, cual es, generar políticas que faciliten el acceso equitativo e inclusivo a esos niveles.
Detengámonos brevemente en la Educación Superior en Chile. Como otros países latinoamericanos, nuestro país ha impulsado una fuerte expansión en los últimos 30 años, que ha llevado desde 250.000 estudiantes en 1990 a más de 1,2 millones en 2020. Una expansión importante pero tardía, que ha permitido una cobertura neta significativa (40%), según la encuesta CASEN 2020; cobertura, además, fuertemente correlacionada con el nivel socioeconómico de las familias.
Por otra parte, el hecho que la expansión sea reciente, en comparación con la OCDE, determina que el porcentaje de población de adultos jóvenes con educación superior en Chile siga siendo bajo: un 34%, en comparación con un 45% en el promedio OCDE, para el tramo de edad de 25 a 34 años.
Además, del esfuerzo en recursos públicos y privados, esta expansión ha evidenciado la necesidad de responder a un desafío fundamental: satisfacer las expectativas que los jóvenes y sus familias han puesto en la Educación Superior como mecanismo de movilidad social, considerando que un alto porcentaje de los jóvenes son la primera generación de sus familias en ingresar a la educación terciaria.
En nuestro país, la Educación Superior genera retornos positivos en materia de ingresos. Los ingresos relativos de quienes alcanzan este nivel educativo vs. la educación secundaria, están entre los mayores de la OCDE. A su vez, las expectativas de nuestros jóvenes de alcanzar la Educación Superior, también está entre las más altas: 87% de los estudiantes de 15 años aspira a conseguirla (PISA 2018), cifra muy superior a la cobertura neta actualmente observada.
La evidencia también señala la dificultad de satisfacer las expectativas asociadas a acceder a la educación superior. La experiencia de otros países muestra que la participación en la educación superior no garantiza altos ingresos. En general, el premio por este nivel educativo varía significativamente según el área de estudio, y disminuye a medida que aumenta la cobertura y se alcanza una fuerza de trabajo más calificada.
En nuestro país, según la encuesta CASEN, el ingreso relativo de trabajadores con educación superior ha ido disminuyendo, respecto de aquellos con educación secundaria: de 3,1 en 2000, a 2,9 en 2009 y 2,3 en 2020. La OCDE muestra datos similares para Chile en la actualidad: un ingreso 1,9 veces mayor para un adulto trabajador joven con educación superior (tramo 25 a 29 años). Y si bien el informe también muestra una tendencia decreciente de este indicador para nuestro país, Chile sigue mostrando la segunda diferencia más alta. Así, deberemos internalizar que un menor premio por educación superior es la regla en naciones más inclusivas y equitativas. Ello se ilustra más claramente al compararnos con países a los cuales miramos como referentes, y que tienen diferencias de ingreso por nivel educativo muy inferiores. El diferencial de ingresos entre educación superior vs educación media alcanza a 1,26 en Finlandia y 1,06 en Noruega. Más aún, el mismo informe comprueba que a nivel del conjunto de la OCDE hay una relación (estadísticamente) negativa entre el % de trabajadores con educación superior y el premio de ingreso de estos trabajadores.
Por otro lado, los estudios destacan múltiples factores que inciden en la movilidad social en los países, como la selectividad y calidad de instituciones de educación superior, la herencia social, la estratificación socioeconómica de la educación básica/media, la reproducción de las élites en puestos de decisión, mercados laborales precarios, entre otros. Las cifras presentadas en el informe citado agregan otro factor: a medida que el conjunto del país mejora su formación y su capital humano, el avance de cada individuo será progresivamente más lento.
Como consecuencia, nuestro país ostenta un alto porcentaje de población con un nivel educacional insuficiente, pero al mismo tiempo segmentos de jóvenes con educación superior, cuyas expectativas sobre su logro pueden verse frustradas, si solo proyectan su futuro en términos del pasado. Para ellos continuar formándose en educación superior es su mejor opción.
Así, con todo, la Educación Superior es un factor de movilidad social y un elemento crucial para superar la pobreza y enfrentar la desigualdad socioeconómica. No es la única solución a los problemas que nuestro país enfrenta en estos ámbitos, dada la naturaleza multidimensional de la inequidad que nos caracteriza. Pero le cabe un rol fundamental en la tarea de superarla. El desafío inmediato de la política pública es consolidar un sistema con altos estándares de pertinencia y calidad de la formación, y continuar promoviendo y apoyando el acceso equitativo de los jóvenes y adultos a este nivel educativo. La tarea, sin embargo, requerirá gran esfuerzo para comprender la gradualidad de los avances, en un contexto en que el gasto público en Educación Superior ya es importante y los recursos se proyectan cada vez más acotados.
Por Pilar Romaguera Gracia
Rectora Universidad de Las Américas, Ingeniera Comercial, Ph.D. en Economía.
Fuente: biobiochile.cl