Acerca del FES, que reemplazaría al Crédito con Aval del Estado (CAE), Carlos Isaac indica que los estudiantes pagarán 3 o 4 veces lo que el Estado invirtió en sus carreras. Se afectarían en la región, al menos, 20 mil familias.

«Hemos presentado un proyecto de ley para que todas las personas reciban una solución a sus deudas educativas (CAE, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Corfo) de acuerdo con su realidad. El proyecto propone también reemplazar los actuales créditos estudiantiles por un nuevo instrumento de Financiamiento público para la Educación Superior (FES) moderno y eficiente».

De esta forma, el Ministerio de Educación presenta internamente una iniciativa legal que se tramita en el Congreso para responder a un compromiso de gobierno relativo a deudas educacionales. Sin embargo, para el rector de la Universidad Viña del Mar (UVM), Carlos Isaac, se trata de un proyecto de ley que atenta de forma severa los planes de desarrollo de las universidades privadas.

¿En qué consiste este proyecto de ley del FES?

Este es un proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que es el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y que reemplazar al CAE, que está próximo a cumplir 20 años.

Es una promesa de campaña que cambia el sistema a uno completamente estatal, donde los estudiantes tienen que pagar un impuesto durante un período de tiempo bastante largo una vez que estén titulados, para devolver lo que se gastó en su educación.

Muchos estudiantes, a partir de este sistema, van a tener que pagar tres o cuatro veces lo que costó su educación en la universidad, porque va a ser un impuesto fijo, un cierto porcentaje de sus ingresos, durante 20 años. Dependiendo de los ingresos, puede llegar a costar 3 o 4 veces lo que finalmente el Estado colocó para su educación.

La condonación al CAE ha estado sobre la mesa hace mucho tiempo y lo que ha hecho que la morosidad de este crédito haya aumentado un 40% en los últimos cinco años. La gente dejó de pagar porque está esperando el “perdonazo”.

En lo concreto, ¿qué significa este proyecto de ley para las universidades privadas?

A todas las universidades las golpea. Esa ley, a diferencia del CAE, los alumnos no eligen la institución ni cumplen un arancel de referencia. Y si uno suma todos los créditos que tienen las universidades privadas, hay una diferencia de cerca de 300 mil millones de pesos.

Se verán más afectadas las universidades privadas porque las estatales ya tienen un aporte basal asegurado que tienen todos los años. Ellos no parten de cero cada año como lo hacen las privadas.

¿Las universidades privadas ven al FES como una suerte de “competencia desleal”?

Las universidades privadas han sido fundamentales para el desarrollo de la educación superior en Chile, se ha permitido que tengan un desarrollo desde la educación superior que no tienen los países de la OCDE.

Además, la calidad de la educación ha ido aumentando en Chile. Es muy buena, en los niveles latinoamericanos, se les reconoce haber en posicionado en los rankings internacionales.

Dicho lo anterior, sin embargo ha habido poco o nulo apoyo del Estado a todas las universidades que no son estatales. Y ahora se les quiere fijar los precios de los aranceles, y eso va a hacer que haya universidades que se vean más afectadas que otras. Las universidades privadas no han sido subsidiadas y las reguladas más difíciles, entonces se afectará la calidad del sistema.

En términos concretos, ¿usted ve una sistemática limitación de recursos que enfrentan las universidades privadas, que es de tradición?

Se limitan recursos en todos los órdenes. No se da un real apoyo a los estudiantes de las universidades privadas, que son más del 50% de la matrícula total. En el sistema universitario, si uno ve los estudiantes en el CFT e IP, es un universo aún más grande, y está totalmente abandonado por el Estado.

Y aparece también otro efecto: va a haber una mayor segregación de las universidades, no van a querer estar sometidas a este sistema porque quita autonomía y, finalmente, no se van a adscribir. Solamente van a atender estudiantes que puedan pagar sus estudios completos.

¿Cuál es la sensación que existe al interior de la universidad?

Hay mucha preocupación. Hemos estado en contacto con el Ministerio de Educación, con los parlamentarios a objeto de hacer ver que esto no puede pasar así como así. Esto no ha sido conversado.

A los titulados, por ejemplo, les va a convenir tener contrato para no tener que pagar este impuesto, y finalmente el Estado no va a recibir nada. Nosotros entendemos que desde que se va a discutir esta ley, se deben escuchar todas las voces y construir un sistema de futuro.

¿Hay alguna estimación del grado de afectación?

Estamos hablando que desde la Corporación de Universidades Privadas se estima que, en la región, hay por lo menos 20 mil familias que se verían afectadas directamente, en un sistema que no se ha discutido con todos los actores y que no asegura un futuro.

Fuente: Periódico de la Costa