El presidente de la Corporación, Santiago González, expuso en el Congreso Nacional el análisis de la red —que agrupa al 62,8% de los estudiantes con gratuidad— y entregó seis propuestas clave para poder avanzar en la discusión del FES.
Una activa participación tuvo la Corporación de Universidades Privadas (CUP) en el Seminario «Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Superior (FES)», organizado por la Comisión de Educación del Senado y que se llevó a cabo el pasado 5 de noviembre. En la instancia, el presidente de la Corporación, Santiago González, expuso las serias aprensiones de la red sobre la iniciativa, advirtiendo sobre los profundos impactos negativos que tendría para los estudiantes y la sostenibilidad de las instituciones si se aprueba en sus términos actuales.
La comitiva de la CUP fue liderada por González, rector de la Universidad Central, y la integraron Pilar Romaguera, rectora de la Universidad de Las Américas; Claudia Peirano, rectora de la Universidad Santo Tomás; Carlos Isaac, rector de la Universidad Viña del Mar; y la directora ejecutiva de la Corporación, Paulina Hidalgo.
Ante los senadores, el rector González inició su presentación relevando el rol clave de la CUP en el sistema. «Las 15 universidades privadas de la CUP tenemos el 62,8% de los alumnos con gratuidad, más que cualquier otra organización», señaló. Explicó que las universidades privadas también tienen una alta responsabilidad en el financiamiento, con un 65% de sus estudiantes con CAE, cifra «significativamente superior a las estatales y las privadas del CRUCH», sostuvo.
Por lo mismo, afirmó que “cualquier impacto en el financiamiento o autonomía de las universidades es tremendamente relevante y creemos que hay que abordarlo con mucho cuidado”.
Impacto en estudiantes e instituciones
El presidente de la CUP alertó que el proyecto, en su estado actual, provocaría una «reducción drástica de las ayudas estatales, eliminando becas de arancel y limitando opciones de financiamiento».
“Este proyecto incrementa la carga financiera para los estudiantes”, advirtió el rector de la Universidad Central. Detalló que “los estudiantes deberán pagar un 8% de sus ingresos por 20 años, con casos de graduados pagando más de lo invertido por el Estado, lo que se ha considerado un ‘impuesto al graduado'».
A nivel institucional, el rector advirtió que la eliminación del copago generaría una pérdida estimada de «cerca de $500.000 millones anuales» para el sistema universitario, afectando principalmente a las universidades privadas, que verían mermados sus ingresos en más de 363 mil millones de pesos.
«Esto compromete la autonomía al depender casi íntegramente del financiamiento estatal y no poder definir las vacantes», señaló. Asimismo, alertó que esto podría generar una «segregación del sistema», ya que las universidades privadas podrían optar por no adscribir al FES, «emulando lo que hoy sucede en el sistema escolar».
Seis propuestas para avanzar en la discusión del proyecto
Frente a este escenario, la Corporación de Universidades Privadas presentó un paquete de seis propuestas concretas. Entre las principales, se instó a mantener el copago actual para los deciles 7, 8 y 9; liberar el crecimiento de vacantes de los alumnos que no están en gratuidad; y mantener las becas de arancel para estudiantes sin financiamiento estatal.
Se propuso también establecer un tope al endeudamiento estudiantil, para «evitar que los estudiantes paguen varias veces el costo real de su carrera», fijando un límite máximo de pago.
Además, se hizo un llamado urgente a modernizar y ampliar la cobertura del sistema, para incluir a trabajadores, mayores de 30 años y estudiantes de modalidades online o semipresenciales, adaptando el FES a la realidad actual del país. Finalmente, el rector Santiago González cerró la presentación proponiendo «crear una gobernanza técnica y estable para los aranceles regulados», con el fin de «evitar decisiones coyunturales que puedan afectar la calidad, autonomía y sostenibilidad institucional».
