Santiago González Larraín, Rector de la Universidad Central y Presidente de la Corporación de Universidades Privadas.

El Sistema de Educación Superior pasa por un momento desafiante que requiere de una o varias políticas públicas para avanzar en un desarrollo sostenible.

En el financiamiento de la educación superior, la gratuidad requiere de una evaluación a diez años de su implementación, así como el cálculo de sus aranceles. El CAE, muerto ya el FES en el Congreso, requiere un rediseño con visión de largo plazo.

Profundizar también en la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior, compromiso asumido en la ley 21.091 promulgada en 2018, cuya primera propuesta fue abordada por un consejo de académicos con la colaboración del PNUD, ya que aborda temas de significativa importancia para la modernización del sistema.

El nuevo sistema de aseguramiento de la calidad implementado en 2023 por la CNA basado en nuevos criterios y estándares requiere de una permanente evaluación. Y el financiamiento de la investigación, clave para el desarrollo, requiere de un apoyo estatal decidido y de largo plazo.

Las universidades privadas en Chile realizamos un aporte comprometido con la educación y el desarrollo del país. Acogemos a la gran mayoría de los jóvenes que provienen de la educación pública que acceden a la educación superior y nos hacemos cargos de sus déficits académicos.

En este momento en se inicia una nueva administración, es importante que la mirada gubernamental aprecie el significativo aporte que realiza la educación superior privada, fuera del Cruch, y que sustenta el 45% de la matrícula universitaria, de modo de generar los apoyos equitativos que en el futuro requerirá todo el sistema.