Rectores advirtieron que la reforma amenaza la viabilidad financiera de sus instituciones, establece un «impuesto al graduado» y arriesga generar una profunda segregación en el sistema de educación superior.
Una dura advertencia sobre los efectos negativos del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) realizó el martes 11 de junio la Corporación de Universidades Privadas (CUP). Sus representantes acudieron al Congreso Nacional para exponer sus reparos ante la Comisión de Hacienda, calificando la iniciativa como un potencial «retroceso» para los avances del sistema y una fuente de «segregación».
La comitiva de la CUP estuvo encabezada por Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae; Carlos Isaac, rector de la Universidad de Viña del Mar; y Paulina Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación.
En su intervención, el rector Vargas desmitificó el perfil de los estudiantes de sus instituciones. «Al contrario de lo que comúnmente pudiera pensarse, las universidades privadas albergan a un número relevante de alumnos en gratuidad y a estudiantes de contextos socioeconómicos medios y medios-bajos», afirmó. Sostuvo que este porcentaje es incluso superior al de las universidades estatales y las del G9, «lo que es relevante para derribar ciertas creencias al respecto».
Asimismo, señaló que la proporción de alumnos con Crédito con Aval del Estado (CAE) es significativamente mayor en sus planteles, ya que los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) acceden mayoritariamente al Fondo Solidario.
Un «impuesto al graduado» y asfixia financiera
En la instancia, a la que acudió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, los representantes de la CUP manifestaron su profunda preocupación por el diseño del nuevo sistema. Según explicaron, el proyecto tal y como está tramitándose elimina la mayoría de las ayudas estudiantiles actuales, dejando como únicas opciones la gratuidad y el nuevo FES.
Bajo este nuevo esquema, un estudiante pagaría el 8% de sus ingresos por un período de 20 años. Vargas advirtió que esto podría generar casos en que «los graduados terminen pagando más de lo que el Estado invirtió en su formación», lo que calificó como un verdadero «impuesto al graduado».
Desde la perspectiva institucional, el impacto también sería severo. La eliminación del copago y otras fuentes de ingresos, junto a las restricciones para el crecimiento de vacantes de primer año, «afectan significativamente los ingresos de las universidades», indicó el rector de la U. Finis Terrae. Esto, sumado a la dependencia del financiamiento estatal, provocaría una grave pérdida de autonomía para definir sus proyectos educativos y su crecimiento.
Asimismo, uno de los mayores temores expresados por la CUP es que el proyecto incentive la segregación. Las universidades privadas podrían optar por no adscribir al FES, «incrementando la segregación del sistema educativo, emulando lo que hoy sucede en el sistema escolar», alertó Vargas.
A esto se suma una distorsión financiera crítica. El FES se calcula sobre la base de los actuales aranceles regulados, a juicio del rector Juan Eduardo Vargas, “mal calculados”. El modelo propuesto implicaría una caída del 8,6% en los aranceles de las universidades privadas, mientras que las del CRUCH tradicional y las estatales verían aumentos de 8,7% y 9,7%, respectivamente.
«Esto implica un traslado de recursos desde las privadas no CRUCH hacia las del CRUCH, generando distorsiones y afectando la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones», enfatizó la autoridad académica.
Al cierre de su presentación, la Corporación de Universidades Privadas fue enfática en señalar que “el sistema de educación superior chileno ha experimentado avances notables en las últimas décadas, destacándose por su cobertura, calidad y diversidad, con un aporte significativo de las universidades privadas. Sin embargo, el proyecto FES, en su forma actual, podría representar un retroceso para estos logros, con efectos adversos tanto para los estudiantes como para las instituciones». Por ello, hicieron un llamado urgente a modificar la propuesta. «Es imperativo ajustar este proyecto para garantizar que el sistema de educación superior chileno continúe siendo un referente destacado en Latinoamérica», finalizaron.
