Señor Director:
La discusión sobre el Presupuesto 2027 en educación superior se ha concentrado en la preocupación de las universidades tradicionales ante eventuales ajustes en sus recursos. Es una inquietud comprensible. Sin embargo, otra parte relevante del sistema enfrenta desde hace años una realidad más restrictiva y ha estado prácticamente ausente del debate: las universidades privadas.
Las cifras son elocuentes. Entre 2022 y 2026, los fondos institucionales a los que pueden acceder las universidades privadas disminuyeron de $21.581 millones a $11.506 millones, una caída de 47%. En el mismo período, los aportes basales a universidades estatales y del G9 aumentaron 16%. Hoy, por cada peso que el Estado destina en aportes institucionales a las universidades privadas, entrega, aproximadamente, $45 a las tradicionales. A ello se suma el impacto de los nuevos aranceles regulados, que desde 2026 significan una disminución de más de $30 mil millones anuales para las universidades privadas adscritas a gratuidad.
Esta asimetría resulta difícil de justificar desde la perspectiva de los estudiantes. Nuestras universidades forman, investigan y se vinculan con sus territorios bajo el mismo sistema de aseguramiento de la calidad y las mismas exigencias de acreditación. Sin embargo, sus estudiantes reciben un respaldo público significativamente menor. No se trata de una realidad marginal: las universidades privadas concentran el 50,2% de la matrícula universitaria del país.
El Presupuesto 2027 ofrece una oportunidad para comenzar a corregir esta situación. La asignación de recursos públicos no debiera depender de la naturaleza jurídica o la historia de cada universidad, sino considerar su impacto y la necesidad de asegurar oportunidades equivalentes a estudiantes que forman parte de un mismo sistema de educación superior.
¿Por qué el Estado debiera valorar de manera distinta a dos estudiantes por el solo hecho de haber elegido universidades diferentes?
