Señor Director:

Las respuestas del CUECH y del CRUCh a mi carta anterior aportan un elemento relevante al debate: nuestro sistema universitario es heterogéneo y sus instituciones cumplen funciones diversas. Coincido. Chile necesita universidades capaces de investigar, formar capital humano avanzado, desarrollar sus territorios y sostener actividades que, siendo necesarias para el país, no siempre responden a criterios de demanda.

La pregunta es otra: si esas son las funciones que queremos promover, ¿no debiéramos financiarlas precisamente en función de su cumplimiento, independientemente de la naturaleza o pertenencia institucional de quien las realiza?

Esto adquiere especial importancia en un escenario de estrechez fiscal. Cuando los recursos son escasos, todas las universidades —estatales y privadas— tenemos la obligación de utilizarlos eficientemente, y el Estado debe procurar que cada peso produzca el mayor impacto posible. Calidad, investigación, formación avanzada, contribución territorial, inclusión, movilidad social y resultados formativos pueden ser evaluados. También pueden reconocerse y financiarse obligaciones públicas específicas cuando corresponda.

Sin embargo, una parte importante del financiamiento basal continúa determinada por criterios históricos y por la pertenencia a determinados grupos de universidades. El propio Aporte Fiscal Directo, por ejemplo, distribuye el 95% de sus recursos según criterios históricos y solo el 5% mediante indicadores de desempeño.

Y los estudiantes no pueden quedar fuera de esta discusión. Es cierto que los aportes basales no financian directamente la docencia, pero sostienen capacidades institucionales que inciden en las oportunidades, experiencias y calidad del entorno universitario en que ellos se forman.