Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae y director de la Corporación de Universidades Privadas, expuso ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional las principales preocupaciones de la CUP frente al Presupuesto 2027, con énfasis en el financiamiento a la investigación, la concursabilidad de los fondos públicos y el impacto de los aranceles regulados.

La Corporación de Universidades Privadas (CUP) participó este 7 de octubre ante la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, en el marco del análisis de la Partida 09 del Ministerio de Educación correspondiente al proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2027.

La intervención estuvo a cargo de Juan Eduardo Vargas, rector de la Universidad Finis Terrae y director de la CUP, quien presentó un diagnóstico sobre la evolución del financiamiento destinado a las universidades privadas y planteó la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos disponibles para la educación superior.

En su exposición, Vargas destacó que las universidades que integran la Corporación cuentan con presencia en 12 de las 16 regiones del país y reúnen a cerca de 200 mil estudiantes, equivalentes aproximadamente a una cuarta parte de la matrícula del subsistema universitario. Asimismo, relevó el perfil socioeconómico de sus comunidades estudiantiles, compuesto mayoritariamente por personas provenientes de sectores medios y medios-bajos.

Uno de los principales antecedentes presentados fue la evolución de los aportes ministeriales destinados a las universidades privadas. Entre 2022 y 2026, estos recursos disminuyeron desde $21.581 millones a $11.506 millones, lo que representa una caída de 47%. En el caso del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), los montos pasaron de $13.053 millones a $2.213 millones en el mismo período, una reducción de 83%.

“Lo que se ve en el cuadro es una disminución dramática de esos escasos recursos en los últimos años, prácticamente un 50%: disminuyen de 21.000, 22.000 millones a 11.500 millones”, señaló Vargas durante su intervención.

A este escenario se suma el efecto de la regulación de aranceles para las instituciones adscritas a gratuidad. Según los antecedentes presentados ante la Subcomisión, el impacto estimado para las universidades privadas alcanza aproximadamente $32.700 millones anuales. Vargas advirtió que la combinación entre menores recursos institucionales y el efecto de los nuevos aranceles repercute directamente en las capacidades de las instituciones.

“En este entorno, en este contexto en el que, por una parte, el aporte al fomento de la investigación se mantiene constante, el FDI ha venido bajando fuertemente y, además, la gratuidad fue rebajada para las universidades privadas […] ciertamente este conjunto de rebajas está afectando evidentemente a la calidad que pueden ofrecer las universidades privadas”, sostuvo.

Investigación y fondos concursables

De cara al Presupuesto 2027, uno de los principales puntos de preocupación planteados por la CUP es la disminución del Aporte al Fomento de la Investigación, que pasa de $9.293 millones a $6.952 millones, equivalente a una reducción de 25% o $2.341 millones. El instrumento beneficia actualmente a las 11 universidades privadas adscritas a gratuidad.

Vargas calificó esta disminución como una señal preocupante: “Por primera vez en sus ya 10 años, o más de 10 años de existencia, muestra una baja ostensible, de un 25% […] que esos recursos además muestren una baja cuando son hoy día 11 las universidades privadas en gratuidad es claramente una mala señal”.

En contraste, la Corporación valoró la modificación propuesta para el Fondo de Desarrollo Institucional, que vuelve a estructurarse como un instrumento concursable abierto a distintas instituciones de educación superior, con una asignación de $6.829 millones para 2027.

“Todas las instituciones pueden postular abiertamente. Es un fondo realmente concursable. Y eso evidentemente yo lo valoro y creo que es lo razonable. Finalmente, son los proyectos mejores evaluados los que deben ser efectivamente adjudicatarios de esos fondos”, afirmó el director de la CUP.

Comprensión del escenario fiscal y foco en la equidad

Durante su presentación, el rector de la U. Finis Terrae recalcó que la posición de la CUP reconoce las restricciones fiscales que enfrenta el país y la necesidad de establecer prioridades en el gasto público.

“Como universidades privadas, como universidades de la CUP, entendemos las circunstancias que vive el país. Estamos completamente de acuerdo en que se debe hacer un esfuerzo fiscal desde el punto de vista de constreñir o limitar el presupuesto […] Nosotras, las universidades que estamos llamadas a desarrollar el pensamiento crítico, creo que debemos ser las primeras en reconocer esta realidad”, sostuvo.

Añadió que la Corporación también respalda que se prioricen aquellos niveles educativos con mayor impacto social: “Sí comprendemos y avalamos, por lo demás, que los énfasis estén puestos en aquellos niveles educativos que tienen un mayor impacto social, como son la educación parvularia y la educación escolar. Lo hacemos, lo decimos y lo apoyamos”.

Precisamente en ese contexto, la CUP planteó que los recursos finalmente destinados a educación superior debieran distribuirse atendiendo al aporte de las instituciones y a las características de los estudiantes que forman.

“Respecto de aquellos recursos que finalmente sean parte del presupuesto de la educación superior, puedan ser repartidos de una forma equitativa, de forma tal de que aquellas instituciones que aportan verdaderamente valor, aquellas instituciones que acogen a estudiantes más vulnerables, que finalmente no sean nuestros propios estudiantes los que se vean afectados por esta disminución”, señaló el rector Vargas.

En concreto, la Corporación de Universidades Privadas solicitó revertir el recorte al Aporte al Fomento de la Investigación, mantener el Fondo de Desarrollo Institucional abierto a todas las instituciones mediante mecanismos concursables, y revisar técnicamente el impacto de los aranceles regulados sobre las universidades privadas adscritas a gratuidad.

La presentación buscó así contribuir al debate presupuestario desde una perspectiva que combina la responsabilidad frente al escenario fiscal con la necesidad de que los recursos destinados al sistema de educación superior reconozcan el aporte, desempeño y realidad de las distintas instituciones y, especialmente, su impacto sobre los estudiantes.