Por Claudio Ruff, rector de la Universidad Bernardo O’Higgins y vicepresidente de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas
La entrega de la propuesta de nueva Constitución ha captado la atención de los medios y la opinión pública. Distintos análisis se han abocado a detallar su contenido, al mismo tiempo que las proyecciones buscan determinar cuál será la decisión final el próximo septiembre.
Más allá de esas materias, que se vinculan a temas fundamentalmente políticos, es clave reforzar la aproximación del texto a un aspecto central para el desarrollo y crecimiento de Chile: la educación. Toda persona tiene derecho a la educación, siendo un deber primordial e ineludible del Estado, cita el texto, añadiendo que se trata de un proceso de aprendizaje permanente indispensable para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Nadie podría dudar de lo positivo que es este compromiso, la pregunta es cómo lo plasmaremos en una realidad que garantice realmente la inclusión de todos los estamentos y, especialmente, la calidad, en un escenario mundial donde el gasto en educación del 40% de los países de ingresos bajos y medios se ha reducido en más de un 13% desde la pandemia en 2020, de acuerdo a cifras de la Unesco.
Afortunadamente en Chile hemos avanzado. En los años 90 apenas el 4% del primer quintil accedía a la universidad y en 2020 esa cifra ya alcanzaba el 35%, dando cuenta de que la movilidad social, indispensable para el desarrollo de toda nación está ocurriendo. Es de esperar entonces que los cambios normativos, cualesquiera sean estos, impulsen esta senda positiva. Que los temas políticos no empañen la motivación y la esperanza de tantos jóvenes que esperan ansiosos una oportunidad que vaya mucho más allá de una promesa del momento.
Fuente: La Tercera