En un taller desarrollado en la Universidad Central, representantes de la red abordaron los alcances de la Ley 21.790, normativa que protege los derechos de los estudiantes cuidadores y plantea nuevos desafíos éticos y académicos para las instituciones.
Este viernes 10 de julio, el Comité de Género de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) llevó a cabo un taller especializado en las dependencias de la Universidad Central para analizar en profundidad los alcances de la Ley N.º 21.790. Esta normativa, impulsada bajo la premisa «Yo Cuido, Yo Estudio», busca proteger de manera integral los derechos de los estudiantes cuidadores dentro de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación efectiva entre las obligaciones familiares, las exigencias académicas y el desarrollo formativo.
La jornada fue inaugurada por el vicerrector académico de la Universidad Central, Emilio Oñate, quien valoró la iniciativa y enfatizó que las instituciones deben adaptar sus estructuras ante las nuevas demandas de la vida contemporánea. En su alocución, la autoridad subrayó que el acompañamiento a las comunidades estudiantiles diversas trasciende lo estrictamente legal. «Las universidades crecientemente tenemos que entender que no solo debemos recibir a nuestros estudiantes, sino hacernos cargo y acompañarlos en su proceso formativo. Esta es una responsabilidad no solo institucional o normativa, sino ética», afirmó.
Oñate agregó que la flexibilización de procesos para quienes asumen labores de cuidado no compromete el rigor académico, señalando que las instituciones deben facilitar este camino sin dejar de exigir excelencia y calidad, como parte fundamental de su identidad y de un ecosistema verdaderamente inclusivo.
Posteriormente, la exposición central estuvo a cargo de Catalina de Palacio Cabello, encargada de la Unidad de Fiscalización de Denuncias de la Superintendencia de Educación Superior (SES). Durante su intervención, la experta articuló una completa radiografía técnica estructurada en cinco ejes fundamentales.
Inició su presentación abordando el contexto general que dio origen a la legislación, para luego definir con precisión el objeto, las personas protegidas y el ámbito de aplicación de la norma. A continuación, profundizó en los nudos críticos de la implementación institucional y detalló las medidas académicas que las casas de estudio deberán adoptar para garantizar la continuidad educativa. Por último, expuso el rol fiscalizador que ejercerá la Superintendencia frente a estos nuevos protocolos.
Al finalizar la presentación, los representantes de nuestras universidades participaron en un activo plenario. En esta instancia, los asistentes no solo tuvieron la oportunidad de resolver dudas directas con la experta, sino que también levantaron alertas institucionales respecto a situaciones operativas que aún generan incertezas en la interpretación práctica de la normativa. Esta dinámica permitió crear un interesante y nutritivo espacio de retroalimentación y análisis técnico, consolidando el trabajo colaborativo de la CUP como una verdadera herramienta para enfrentar los desafíos normativos y avanzar hacia un sistema educativo más equitativo y responsable con sus estudiantes.
