El encuentro organizado por la Corporación de Universidades Privadas abordó los principales retos en accesibilidad digital, transición laboral y la necesidad de evaluar el impacto real de las medidas en la trayectoria estudiantil.

La necesidad de avanzar desde la existencia de normas y políticas hacia una evaluación de su impacto efectivo en la trayectoria de las personas fue uno de los principales énfasis del III Congreso Internacional en Educación Superior Inclusiva, organizado por la Corporación de Universidades Privadas (CUP) y desarrollado los días 14 y 15 de octubre en la Universidad Bernardo O’Higgins.

Impulsado por el Comité de Discapacidad y Neurodiversidad de la CUP, el encuentro abordó durante sus dos jornadas tres desafíos centrales: la evaluación de las políticas inclusivas en la educación superior; el impacto de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en la accesibilidad; y la transición desde la universidad hacia el mundo laboral.

La edición 2026 marcó además un nuevo hito para el Congreso, con 89 trabajos académicos recibidos, la cifra más alta desde su creación en 2024.

La convocatoria reunió trabajos y ponencias provenientes de un universo institucional más amplio que la propia CUP, con aportes de universidades públicas y privadas, además de otras instituciones de educación superior, enriqueciendo la diversidad de miradas y experiencias presentes en esta tercera edición.

El presidente de la CUP y rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Isaac Pályi, destacó que la instancia representa un compromiso que comparten las 15 universidades que integran la Corporación y que requiere avanzar más allá del acceso a la educación superior.

“El talento está ampliamente distribuido en nuestra sociedad, pero las oportunidades para desarrollarlo todavía no lo están. Y es precisamente ahí donde nuestras universidades tienen una enorme responsabilidad, porque la inclusión no es una política complementaria, es parte esencial de nuestra misión formativa y también de cómo debemos entender la calidad en la educación superior”, afirmó.

Por su parte, el rector de la Universidad Bernardo O’Higgins, Dr. Claudio Ruff Escobar, institución que recibió ambas jornadas, sostuvo que la inclusión debe ser entendida como una dimensión de la calidad universitaria y no como una acción aislada.

“La inclusión no consiste en reducir estándares académicos, sino en remover barreras que impiden demostrar esas capacidades”, afirmó Ruff, agregando que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial pueden contribuir a ampliar la accesibilidad, pero también profundizar desigualdades si no son desarrolladas responsablemente.

En la apertura del Congreso participó también la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés Raczynski, quien puso énfasis en la necesidad de analizar los resultados que están generando las distintas medidas implementadas en esta materia.

“Valoro esta instancia porque significa detenernos y mirar esta realidad”, señaló Valdés, quien llamó a evaluar en conjunto el efecto que han tenido las normativas, acciones y políticas desarrolladas por las instituciones y a determinar cuáles están respondiendo efectivamente a las necesidades de las personas.

Por su parte, el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Jorge Juárez Barraza, participó en el panel sobre políticas inclusivas, gobernanza y accesibilidad universal, donde relevó el papel que puede asumir la educación superior tanto en la formación como en la discusión y construcción de políticas públicas.

“Hablar de educación inclusiva termina siendo una redundancia en sí mismo, porque la educación naturalmente es un proceso que debería ser inclusivo”, sostuvo Juárez, quien destacó además la importancia de que las universidades aporten desde la investigación y la formación profesional a los debates que permiten impulsar transformaciones en la sociedad.

El programa incluyó además paneles dedicados a las políticas inclusivas, la gobernanza y la accesibilidad universal; la innovación digital y la accesibilidad; y los desafíos de la transición desde la universidad al mundo laboral, en los que participaron representantes de la educación superior, organismos públicos, empresas y organizaciones vinculadas a la inclusión. A ello se sumó la presentación de trabajos académicos seleccionados en los tres ejes del Congreso —evaluación de las políticas inclusivas, tecnologías digitales y accesibilidad, y empleabilidad y transición al mundo laboral—, que permitieron compartir investigaciones, experiencias y propuestas desarrolladas desde distintas instituciones y comunidades. 

Es importante señalar que, tanto en los paneles como en la presentación de trabajos académicos, participaron activamente personas con discapacidad, aportando sus experiencias, conocimientos y perspectivas a la reflexión desarrollada durante el Congreso.

Del acceso a la participación y el empleo

Las conferencias principales de las dos jornadas aportaron miradas complementarias sobre una de las preguntas que atravesó el encuentro: qué ocurre con la inclusión una vez que una persona ingresa a la educación superior y, posteriormente, cuando debe incorporarse al mercado laboral.

La catedrática de Educación Inclusiva de la Universidad de Sevilla, Anabel Moriña Díez, sostuvo que garantizar el ingreso constituye solo el primer paso y llamó a observar lo que ocurre durante toda la trayectoria universitaria.

“La inclusión es lo que sucede una vez que estamos dentro de la universidad”, afirmó la especialista, aseverando que esta se expresa cotidianamente en las posibilidades de aprender, participar y pertenecer, pero también en aspectos como las evaluaciones, las plataformas digitales, los procedimientos administrativos y las relaciones que se construyen dentro de las instituciones.

Para Moriña, estar dentro de una institución no resulta suficiente si “no existen oportunidades reales para participar, pertenecer y aprender”, por lo que llamó a desplazar el foco desde las características individuales de los estudiantes hacia las barreras que genera el propio sistema universitario.

Durante la segunda jornada, João Marcos Garcia, doctor en Economía por Brown University y académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, analizó desde la evidencia económica las brechas que enfrentan las personas con discapacidad en el mercado laboral.

El especialista abordó factores como la discriminación, las diferencias de participación y salarios, los ajustes razonables, los cuidados y el efecto que pueden tener las nuevas tecnologías sobre la inclusión laboral. Al sintetizar los desafíos pendientes, sostuvo que “debemos pensar la protección e inclusión juntas. Entonces, pensiones, cuidados, empleo, hay que pensarlos de una manera integrada”.

Las discusiones desarrolladas durante ambas jornadas coincidieron además en que la responsabilidad de las instituciones de educación superior no termina con la titulación y que avanzar en inclusión requiere una mayor articulación entre universidades, Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

El cierre estuvo a cargo de Claudia Díaz, coordinadora de Inclusión de UNIACC e integrante del Comité de Discapacidad y Neurodiversidad de la CUP, quien planteó que disponer de marcos normativos y políticas no garantiza por sí solo la construcción de instituciones inclusivas, si estas no producen transformaciones reales en la experiencia de las personas.

El III Congreso Internacional en Educación Superior Inclusiva contó con el patrocinio de Symplicity y la colaboración de Red APIS y Fundación Empleos Inclusivos.